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Sáenz ya tiene las botas, pero le falta la gorra

La respuesta de Sáenz a las protestas es la prohibición

Desde que llegó al Centro Cívico Grand Bourg para conducir los destinos de la provincia, Gustavo Sáenz aprovechó los beneficios del sistema democrático para ir en detrimento de algunos derechos fundamentales y claves del sistema republicano y representativo. La última avanzada se cristalizó en la Cámara de Diputados, donde los alfiles del Poder Ejecutivo pusieron entre la espada y la pared a los derechos de expresión y manifestación.

Una de las primeras señales de estas conductas se dio en medio de la pandemia generada por la covid-19. Mientras la ciudadanía debía resguardarse en sus hogares, debía caminar con barbijos y los hospitales se atestaban de contagiados, el Poder Legislativo amplió de siete a nueve los jueces del máximo tribunal de la provincia. Es así que Adriana Rodríguez Faraldo, María Alejandra Gauffín y Horacio Aguilar se sumaron al cuerpo ya conformado por Guillermo Catalano, Ernesto Samson, Fabián Vittar, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y Pablo López Viñals. Aunque uno de los principales argumentos de esta reforma fue la posibilidad de acelerar los procesos y garantizar a los salteños un mejor servicio de justicia, los cambios todavía no sé concretaron.

Meses después llegaron las elecciones de medio término para renovar la composición legislativa y elegir a los responsables de reformar la Constitución. En ese escenario, el saencismo iba a probar una fórmula ampliamente exitosa para lograr triunfos más allá de una alicaída gestión: fragmentar el voto oficialista.

Con el correr del tiempo y la visualización del proceso electoral de este año, el gobierno no solo optó por desdoblar el calendario electoral y adelantar los comicios locales, en relación al proceso nacional, sino también avanzó contra las elecciones primarias bajo el pretexto de “ahorrar” recursos. A pesar de las voces especializadas que surgieron en ese entonces para advertir sobre las implicancias de avanzar sobre un derecho adquirido por la ciudadanía, desde hace una década, la mayoría oficialista en Diputados y Senadores no encontró mayores obstáculos para arrebatarle a los salteños una posibilidad de elegir a sus representantes.

Hace semanas, Gustavo Sáenz logró ser reelecto en la gobernación con el 46% de los votos y desde esa fecha el titular del Ejecutivo afronta jornadas turbulentas, marcadas por las protestas salariales que encabezan docentes y médicos del sistema público. En este marco y con un tratamiento exprés, la Cámara baja avanzó en la media sanción de un proyecto de ley que tiene por objetivo reglamentar la protesta social. “Se aprobó un proyecto que más de la mitad de los legisladores desconocía. Me duele que esto pase. Me obligaron a abstenerme porque no sé de qué se trata”, dijo el diputado Daniel Sansone en relación al tema.

En relación al proyecto, que prohíbe los cortes totales de calles o rutas y establece sobre los manifestantes la necesidad de notificar con 24 horas de antelación a la comisaría más cercana indicando el lugar donde se realizara, el tiempo mediante el cual será la protesta y quienes serán los responsables de la misma, Socorro Villamayor negó que se quiera ir en contra del derecho a huelga y dijo que el espíritu de la norma aspira a reglamentar la protesta para “conciliar derechos” y “pacificar” las manifestaciones. La referente del oficialismo también defendió el trámite expeditivo que se le dio al proyecto y responsabilizó a sus pares por no interiorizarse en este proyecto que ingresó hace más de un año al cuerpo legislativo, pero nunca fue debatido en comisiones.

Ley, tipificación y ejemplos

El derecho a la protesta está contemplado en la Argentina en la Constitución Nacional como forma de libertad de expresión (art. 14 y 32) y en varios tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 18), la libertad de opinión y de expresión (art. 19) y la libertad de reunión y asociación pacífica (art. 20).

Pero, aunque puede existir una interpretación extensiva del art. 194 del Código Penal (que establece pena de prisión de tres meses a dos años por interrumpir el normal funcionamiento del transporte, de los servicios públicos o de comunicación), la protesta en la vía pública no está expresamente tipificada en el Código y en muchos casos su criminalización queda sujeta a interpretaciones, señala el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni en el libro ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?, editado por el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública (CELE) de la Universidad de Palermo.

En 2012, el Ministerio de Seguridad de la Nación emitió un acta-acuerdo de “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas” que incluía 21 principios de regulación. El Estado afirmó, según un informe de 2012 del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que con esta iniciativa buscaba la protección de los derechos de los participantes de las protestas.

Para tener en cuenta, entre 2011 y 2012, se criminalizaron y se judicializaron en la Argentina a más de 4.000 personas, de las cuales el 31,6% pertenecía al sector sindical, muestra un informe sobre las protestas en el país del Equipo Nizkor, un organismo de derechos humanos especializado en estos temas. Casi la mitad de estos casos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires.

Las cifras del país, sin embargo, distan de acercarse a las de Chile, en donde sólo durante 2008 los aprehendidos por desórdenes públicos fueron 17.673. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Código Penal chileno establece la pena de reclusión mínima por “turbar gravemente la tranquilidad pública”, lo que aumenta la cantidad de detenidos por esta práctica.

Además, en ese país se encuentra vigente un decreto promulgado en 1983 por la dictadura de Augusto Pinochet que exige una autorización por escrito 48 horas antes de realizar una manifestación que establezca el lugar donde se organizará, el objeto de la manifestación y quiénes la organizan y participarán.

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