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Morales investigado por robo, usurpación y abuso de autoridad

La provincia de Jujuy se encuentra en el centro de la atención nacional, tras conocerse que el Gobernador Gerardo Morales se encuentra investigado por la justicia federal por una serie de irregularidades durante el arrebato de tierras en Caspalá.

La carátula de la Investigación reza: Gerardo Rubén Morales/otros Robo, Usurpación, Abuso de Autoridad , Violación de los Deberes de Funcionario Público, Usurpación de Aguas y otros.”

La denuncia penal que desató la investigación fue radicada en el Juzgado Federal de Comodoro Py de Julián Ercolini, en Buenos Aires, y se desencadenó a raíz de una investigación que se lleva adelante en el Juzgado Federal N° 2 de Jujuy.

La causa, conocida como «Caspalá», ha generado un gran revuelo en la provincia, en donde se han convocado a todos los sectores de la Unión Cívica Radical.

La investigación se centra en la presunta utilización de procedimientos ilegales entre ellos, licitaciones en favor de empresas constructoras conformadas por familiares y amigos del gobierno provincial.

Según se ha denunciado, existiría un modus operandi sistemático por parte del gobierno de Morales en la utilización de la obra pública de modo ilegal, lo que habría generado un perjuicio económico para el Estado y un beneficio para un grupo selecto de empresarios cercanos al poder.

El proceso judicial se encuentra en plena instrucción y se espera que en los próximos días se produzcan novedades y avances inminentes en la causa. Mientras tanto, el poder judicial de Jujuy ha sido criticado por su demora en la investigación y por su perfil partidario, lo que ha generado sospechas sobre su imparcialidad.

Gerardo Morales, por su parte, ha mantenido un perfil agresivo y desafiante ante la investigación, lo que ha generado preocupación en la sociedad jujeña y en el ámbito político nacional. Los fundamentos existentes en contra de los habituales modos de Morales han puesto en alerta a la justicia federal, que se espera cumpla rigurosamente con su función ajustada a derecho.

Será tarea de la justicia federal aclarar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales en la gestión del gobierno provincial.

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