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Con pruebas en mano, Bettina apuntó contra las fake news

En un contexto preelectoral marcado por la desinformación y la difamación de los principales actores políticos, la intendenta capitalina, Bettina Romero, se presentó en el Ministerio Público de la Nación para denunciar con un centenar de pruebas la campaña que sufre desde hace tres años.

Acompañada del abogado Oscar Pedro Guillén, la jefa comunal precisó que en el último tiempo lograron detectar más de 150 noticias falsas en su contra. “Hay un punto donde debe tenerse en cuenta la dignidad y la familia porque Salta no puede convertirse en un vale todo. Tenemos que recuperar las formas de hacer política, estamos quienes creemos que esto tiene que ver con el compromiso público y la discusión de ideas”, dijo la intendenta. Y remarcó que con la denuncia de hoy “marca posición” sobre un tema que “lástima a la democracia”.

Romero detalló que desde el inicio de su gestión tuvo que afrontar distintos episodios de hostigamiento, persecución y amenazas no solo por su labor política sino también por su condición de mujer. “En la denuncia hay muchísimos medios implicados. Más de 130 portales que aparecieron, publican y pautan en redes por lo que creemos que es importante investigar y determinar cuál es el origen de eso”, sostuvo la dirigente capitalina. Y agregó: “Me pueden juzgar como política pero aquí hay ataques personales y misóginos por mi condición de mujer”.

En su rol de defensor, Guillén detalló que la denuncia recaerá en manos del fiscal penal en turno y precisó que allí le solicitan a la autoridad judicial el establecimiento de la identidad del o los autores. Y enfatizó que algunos ya están identificados: “Presentamos nombre y apellido del dueño del perfil denominado ‘El señor x’, que ridiculiza y difama a la intendenta”.

“Acá se colmaron los límites y se terminó la impunidad con este clima hostil que es impropio del sistema democrático”, manifestó el abogado y puntualizó que como parte de la investigación también resultará importante determinar la trazabilidad de los recursos con los que se financias estas campañas en cibernéticas. “Queremos ver la trazabilidad de los recursos y sería una pena, además de un delito, de que se descubra que esto se hace con fondos públicos”, expresó.

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