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CELS denuncia ley antiprotesta: Un retroceso para los derechos ciudadanos

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha expresado su preocupación y rechazo ante la reciente aprobación de una ley en la provincia de Salta que busca limitar el derecho a la protesta de la ciudadanía. Según el CELS, esta ley establece lineamientos contrarios a los estándares interamericanos de derechos humanos y representa una antesala para la persecución de quienes ejercen su derecho legítimo a manifestarse.

En un contexto marcado por manifestaciones y represión estatal hacia reclamos sociales, la Cámara de Diputados salteña dio media sanción a un proyecto que propone restringir la protesta social. El CELS advierte que si esta ley también es aprobada por el Senado, supondría un retroceso para el ejercicio de la protesta en la provincia.

El proyecto en cuestión busca conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y reunión con la libre circulación y la preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada. Para llevar a cabo una manifestación, se requeriría informar a la Comisaría de la zona con 24 horas de anticipación, proporcionando datos sobre los responsables de la movilización, el recorrido previsto, la duración estimada y los motivos que la originan.

Sin embargo, el CELS advierte que esta medida puede funcionar como una antesala para la persecución y criminalización de los líderes y referentes de las protestas. Además, destaca la ausencia de un mecanismo que prohíba el uso de armas de fuego o regule el uso de armas menos letales, como sí lo hacen los protocolos de las fuerzas federales.

El CELS, reconocido por su labor en la promoción de los juicios por la verdad en Argentina, subraya que la ley anti-piquetes salteña establece directrices que van en contra de los estándares interamericanos de derechos humanos. De aprobarse, representaría un grave retroceso para los habitantes de Salta y una amenaza para el resto del país.

La preocupación manifestada por el CELS pone de manifiesto la importancia de garantizar el derecho a la protesta pacífica y el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Limitar la capacidad de los ciudadanos para expresar sus reclamos puede conducir a un debilitamiento de la democracia y la consolidación de prácticas autoritarias.

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